Última palabra en los desafíos legales a la norma de mandato de vacunación de CMS y OSHA

La batalla legal sobre la obligatoriedad de la vacunación contra la COVID-19 en el lugar de trabajo continúa. Las directrices siguen evolucionando y se definen con cada nuevo desafío legal. El 4 de noviembre de 2021, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) declararon obligatoria la vacunación contra la COVID-19 para el personal sanitario de todo el país. Desde entonces, su constitucionalidad ha sido objeto de numerosos desafíos legales. La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó recientemente la obligatoriedad de la vacunación contra la COVID-19 para el personal sanitario en centros financiados por Medicaid.

De igual manera, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) impuso la política de «hacerse la prueba o vacunarse» para las empresas con más de 100 empleados. Sin embargo, la Norma Temporal de Emergencia de Vacunación y Pruebas de la OSHA no tuvo el mismo éxito ante la Corte Suprema que el mandato de los CMS.

¿Qué significa específicamente cada una de estas decisiones y qué implicaciones tienen para el futuro? A continuación, las analizamos.

Se acepta el mandato de vacunación de los CMS

El 4 de noviembre de 2021, los CMS implementaron su política de vacunación contra la COVID-19 para el personal sanitario que trabaja en centros que reciben fondos federales para pacientes de Medicare y Medicaid. Esta política contempla exenciones religiosas y médicas para quienes se opongan a la vacunación.

La Corte Suprema abordó el caso y emitió una decisión de 5 a 4 el 9 de septiembre de 2021 en el caso Biden contra Missouri, que permitió que el mandato de vacunación de los CMS siguiera adelante. El dictamen declaró que existían suficientes precedentes legales y factores de seguridad pública para justificar su constitucionalidad. La Corte declaró que los trabajadores de la salud ya recibían vacunas contra otras afecciones (las más comunes eran la gripe, la triple vírica y la hepatitis B) como requisito para el empleo. El fallo declaró que la vacuna contra la COVID-19 era necesaria porque «la COVID-19 es una enfermedad altamente contagiosa, peligrosa y, especialmente para los pacientes de Medicare y Medicaid, mortal». En consecuencia, todos los trabajadores de la salud cubiertos debían vacunarse o presentar exenciones religiosas o médicas antes del 22 de febrero de 2022.

El mandato de OSHA de vacunarse o hacerse la prueba fue bloqueado

Un mandato similar de la OSHA, la Norma Temporal de Emergencia para Vacunas y Pruebas (ETS), debía aplicarse a empresas con más de 100 empleados. La OSHA lo consideró de la misma manera que el CMS: protegiendo la salud de los trabajadores ante la amenaza de la COVID-19. La ETS exigía que los empleados de empresas con más de 100 empleados se vacunaran o presentaran resultados negativos regulares de las pruebas de COVID-19. Las impugnaciones legales comenzaron casi de inmediato. El caso llegó a la Corte Suprema, y ​​el 13 de enero de 2022, la Corte falló por una mayoría de 6 a 3 que el mandato se consideraba una extralimitación y, por lo tanto, lo suspendió. La Corte dictaminó que la autoridad de la OSHA se limitaba a la seguridad en el lugar de trabajo y no a la seguridad de la salud pública más amplia que la ETS implicaba para todos los empleadores con más de 100 empleados. El caso se devolvió a un tribunal de apelación de primera instancia para su posterior litigio y consideración. La OSHA también tiene la opción de emitir un mandato similar con un alcance más limitado, si así lo decide.

¿Cómo afecta a los empleadores?

Como se mencionó anteriormente, a partir del 22 de febrero de 2022, el personal sanitario que trabaja en centros que atienden a pacientes de Medicare y Medicaid debe vacunarse contra la COVID-19 o contar con una exención religiosa o médica para la vacunación, la cual también debe estar aprobada. Esto incluye, entre otros, centros como hospitales, agencias de atención médica a domicilio, clínicas de diálisis y centros de cirugía ambulatoria. Algunos estados pueden tener leyes que contradigan el mandato federal. Sin embargo, normalmente, cuando existe un conflicto entre las leyes estatales y federales, prevalece la ley federal. Se recomienda a los empleadores que busquen asesoramiento legal en caso de conflicto con el mandato federal de los CMS.

Las normas ETS actuales de OSHA se encuentran actualmente en suspenso a la espera de litigios en tribunales de apelación de menor cuantía. OSHA podría instituir una regulación similar con un alcance más limitado. Sin embargo, mientras tanto, los empleadores deben cumplir con la Cláusula de Deber General de OSHA, según la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional (OSH) de 1970. La Cláusula de Deber General exige a los empleadores mantener un lugar de trabajo libre de riesgos laborales conocidos. Esto, en esencia, deja en manos de cada empleador la tarea de establecer normas para la COVID-19 dentro del alcance de la ley. Al igual que con el mandato de los CMS, se recomienda que los empleadores busquen asesoramiento legal para asegurarse de que las directrices y normas que establezcan no excedan lo permitido y recomendado por la ley.

Conclusión

La pandemia de COVID-19 está lejos de terminar y probablemente nunca lo hará. Lo mismo podría decirse de la creación y decisión de políticas que rigen la COVID-19, tanto para empleados como para empleadores. Las leyes, los mandatos y las regulaciones seguirán siendo moldeados por la legislación en curso y los litigios judiciales.

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